Cuando se junta la ineptitud con la negligencia, tenemos como resultado una compañía eléctrica.

Un Cliente de ENDESA con 83 años de edad, enfermo de Alzheimer y postrado en una cama desde hace años, lleva desde el mes de mayo 2019 sin suministro eléctrico en su domicilio debido a una negligencia administrativa de la compañía eléctrica. Los familiares presentaron quejas por escrito a ENDESA y esta se desentendió del asunto alegando que ‘alguien solicitó’ un cambio de contrato de suministro eléctrico. A la fecha la entidad no ha aportado ningún documento que acredite su respuesta.

Ante la desesperación de los familiares, presentaron en las oficinas de la Junta de Andalucía una Reclamación por los hechos sucedidos, aportando todo tipo de documentación, pues siempre han estado al corriente de pago y los argumentos manifestado por ENDESA carecen de lógica alguna al no haberlo acreditado a la fecha de este artículo.

Han transcurrido más de tres meses y la administración pública de la Junta de Andalucía no ha dado señal alguna ante un caso tan alarmante.

Puesto el caso en manos del equipo jurídico de QAE, se ha procedido a conocer la situación y nos informan desde la Junta de Andalucía que tienen una saturación tan elevada por falta de personal, que vienen a tardar una media de 6-8 meses en responder a las Reclamaciones que presentan los Clientes de las compañías eléctricas. Es lamentable comprobar como los Cuerpos de Seguridad del Estado (policía nacional, guardia civil, policía local, ..... )se desentienden de casos tan extremos como el relatado, alegando que son 'asuntos administrativos' de carácter privado. 

Ante este panorama, QAE ha elaborado una Demanda contra ENDESA la cual ya ha entregado a los familiares del cliente afectado, para que en los primeros días de septiembre se registre en los Juzgados, solicitando en la misma al Juez el amparo judicial mediante unas medidas cautelares y poder recuperar el suministro eléctrico.

Hay casos que son graves, otros muy graves y hay otros que no tienen nombre; este es uno de ellos. No sabemos cómo calificarlo. Más todavía cuando ni el gobierno autonómico ni el central, disponen de elementos jurídicos en la legislación vigente que protejan con rigor y firmeza casos tan extremos como el relatado. Estamos en manos de psicópatas.

Lamentable para concluir, que los medios de comunicación callen ante estas atrocidades que realizan las eléctricas, estando seguros de que habrá muchos más en el resto de España y que, por desconocimiento, no llegan a las manos adecuadas para darle la difusión que merece.

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