El Gobierno publica en el BOE un nuevo Real Decreto mediante el cual se grava con un 22% la generación de energía eléctrica de origen hidráulico (presas, pantanos, embalses, … )

Cuestiones como la desorbitada subida de la Luz en el 2014, revisión de costes de producción de Energía Eléctrica publicada en el BOE, nula protección de los derechos de los consumidores al nuevo método de cálculo de la tarifa eléctrica que entra en funcionamiento el 1 de abril, regulación del Autoconsumo Doméstico ante la amenaza constante del atribuido 'peaje de respaldo', y una docena mas de preguntas se encontrará este miércoles 25 el Ministro Soria. El espectáculo está garantizado. 

La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético han determinado interponer una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el escandaloso comportamiento del Ministerio de Industria, ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables y que ha supuesto un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales, el llamado “hachazo a las renovables”.

Las cifras son descomunales. Miles de millones de facturación, cientos de millones de beneficios. Salarios de 3,4 y 7 millones de euros/año a personas que en algún determinado momento, han ocupado un cargo público. Algo no funciona.

Las Autoridades Colombianas están evaluado un posible trámite de investigación sobre las Compañías eléctricas Españolas que comercializan energía en su País. El eco de las abultadas irregularidades que están cometiendo en España han llegado al otro lado del Atlántico.

Más de 26 millones de contratos de suministro eléctrico se encuentran atrapados en la encrucijada diseñada por el actual Gobierno con su lamentable reforma del sector eléctrico.

La Ley 24/2013 de reforma del sector eléctrico nada tiene de bondad para los consumidores. Si bien es cierto que en su artículo 1º manifiesta que el objeto de esta tiene por finalidad garantizar el suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste, la realidad es bien distinta.