El acuerdo alcanzado el pasado 23 de mayo por el Gobierno con magistrados, jueces y fiscales por el que pactaron una subida salarial de hasta 450 euros al mes, sigue sin cumplirse.
Si la lentitud de los Juzgados en España es crónica desde hace décadas, ahora se le añade una cadena de huelgas por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia.
El Defensor del Pueblo exige la elaboración de unas actas cuando pueda tener como consecuencia un corte en el suministro eléctrico por parte de la Administración.
El número de hogares acogidos a la tarifa regulada del gas se ha disparado un 45 % en tan solo cuatro meses, aunque todavía siete de cada diez siguen pagando los precios del mercado libre, claramente más caro que el regulado a raíz de la crisis energética desatada con la invasión de Ucrania.
La suspensión de juicios obliga a aplazar vistas hasta 2025 mientras el Ministerio de Justicia sigue sin recibir a los funcionarios en huelga.
Iberdrola ha depositado en el juzgado de la Audiencia Nacional los 192 millones de euros de fianza que le ha exigido el Tribunal, en caso de una condena por la causa que investiga la subida artificial de precios en 2013.
Durante el año 2022 hemos pedimos en las redes sociales testimonios sobre experiencias con los contadores inteligentes. Testimonios desgarradores llegaron de todo el mundo. Historias sobre efectos catastróficos en la salud y la vida de adultos, niños, ancianos, mascotas, animales de granja, pájaros, animales salvajes, insectos, gusanos, plantas .......
España ha sido denunciada en diversas ocasiones por su pasividad a la hora de realizar las transposiciones de las Directivas Europeas Energéticas. Nuestros edificios y sus habitantes; los más perjudicados. Las compañías eléctricas; las más beneficiadas.
La medida de limitar el precio del gas para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista está funcionando de forma penosa y con un elevado coste que penaliza especialmente a los Consumidores.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que el mecanismo que limita el precio del gas destinado a la generación eléctrica "demuestra que funciona", incluso en un contexto extraordinariamente difícil.