IMAGEN HUELGA LAJ

La suspensión de juicios obliga a aplazar vistas hasta 2025 mientras el Ministerio de Justicia sigue sin recibir a los funcionarios en huelga.

Los Letrados de la Administración Justicia han retomado sus reivindicaciones para pedir al Ministerio que cumpla con lo pactado en abril en cuanto a reconocimiento salarial y señalan un seguimiento superior al 80% en los juzgados de la capital.

La huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que comenzó el pasado 24 de enero ha alcanzado este miércoles el que ha sido su máximo registro de seguimiento. Las asociaciones convocantes aseguran que un 84,6% ha participado en esta séptima jornada, mientras que desde el Ministerio de Justicia contabilizan un 32,73% de participación.

En un reciente comunicado, las tres asociaciones --Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados-- han asegurado que "la cuenta de consignaciones ha llegado estos días a los 5.000 millones de euros, cuando el saldo medio oscilaba en torno a los 4.500 millones de euros y ya se han suspendido más de 70.000 actuaciones judiciales a razón de 10.000 por día aproximadamente".

Además, han exigido "que sea el propio presidente Pedro Sánchez quien tome urgentemente cartas en el asunto para resolver el conflicto" ante la "inexplicable dejación de funciones" de la ministra y la "absoluta irresponsabilidad del secretario de Estado".

Cabe recordar que el conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021”.


 

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