IMAGEN IBERDROLA

Iberdrola ha depositado en el juzgado de la Audiencia Nacional los 192 millones de euros de fianza que le ha exigido el Tribunal, en caso de una condena por la causa que investiga la subida artificial de precios en 2013.

La eléctrica, como persona jurídica, y cuatro directivos de primer nivel están procesados por idear y ejecutar ‘un sistema’ para alterar el precio de la luz, en plena ola de frío, causando un perjuicio a los Consumidores que supera los 100 millones de euros. La eléctrica intentó evitar el millonario depósito -uno de los más altos que se conocen- antes de la celebración de la vista oral, pero el Juzgado de Instrucción rechazó esta pretensión de IBERDROLA.

El Juez Ismael Moreno acordó el pasado 11 de julio abrir juicio oral por unos hechos que empezaron a ser investigados en 2017, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público judicializó sus diligencias después de que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) multara en 2015 a IBERDROLA con 25 millones por estos hechos.

Pendiente de quedar señalada la fecha del juicio, el tribunal de lo Penal examinará si se cometió un delito relativo al mercado y a los Consumidores. Según indicó el juez, en los cinco años de investigación se han recabado indicios suficientes que acreditarían que IBERDROLA y sus directivos pusieron en marcha un plan para incrementar el precio de la energía que vendía con la finalidad de generar una subida del precio de la electricidad en claro perjuicio a los Consumidores».

El juez Moreno impuso a los acusados una fianza a satisfacer de forma conjunta y solidaria de 192.231.272 euros a posibles indemnizaciones a las comercializadoras de energía eléctrica y al resto de personas que han acreditado el perjuicio que les ocasionó la subida de la luz en el periodo comprendido entre 30 de noviembre y 23 de diciembre de 2013.

IBERDROLA ha avalado los 85 millones por las multas impuestas, así como una quinta parte de la responsabilidad civil, mientras que sus compañías aseguradoras han afrontado la parte restante. Esto después de que la Sala de lo Penal desestimara su recurso contra el auto de apertura de juicio oral, y más en concreto, contra la obligación de depositar la elevada cantidad reclamada antes de la celebración de juicio.

La eléctrica no puso ningún reparo a que el juez decidiera llevarla a juicio por el denominado como 'tarifazo' de 2013. El equipo jurídico de IBERDROLA, que siempre ha defendido la legalidad de su actuación y en base ello exigió el archivo, decidió no recurrir su procesamiento.

En cuanto a los ejecutivos investigados en la causa, la Fiscalía Anticorrupción solicita la pena de dos años de cárcel y una multa de 144.000 euros. Se trata del responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, Javier Paradinas, encargado de elaborar las ofertas de mercado en virtud de una serie de parámetros: aportaciones hidráulicas, niveles de los embalses, coste de combustibles o disponibilidad de las plantas. Este área de IBERDROLA celebraba reuniones de planificación semanal con otros departamentos para determinar el coste de la luz, cuyos responsables eran José Luis Rapún (Gestión de Activos) y Gregorio Relaño (Optimización, Gestión de Recursos y Trading). Todos ellos dependían del Despacho de Generación de la Energía, dirigido por Ángel Chiarri.

IBERDROLA ha defendido que el precio de la luz a finales de 2013 lo marcó alto volumen de la demanda, una producción eólica baja, la indisponibilidad de las centrales nucleares y unos precios altos de gas. En este sentido, destacó que en esas fechas no se ofertó menos cantidad de electricidad y que el precio del mercado subió por circunstancias ajenas a la IBERDROLA.

Sin embargo, el juez Moreno incrementó a finales de 2013, de forma artificial y sin causa legítima que lo justificara, el precio de las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo.

Por ello, una de las conclusiones que nos lleva a este escenario es que IBERDROLA tiene una capacidad de acceder a la gestión de la casación del precio de la electricidad, la cual está en manos del operador OMIE.


 

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