IMAGEN PRESIDENTES ELECTRICASTERESA RIBERA

 

El Tribunal Supremo obliga a devolver lo recaudado por el canon hidráulico que implantó José Manuel Soria a las compañías eléctricas.

El Tesoro Público devolverá esta cantidad a empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy ….. después de que el Tribunal Supremo anulara el canon hidráulico del Gobierno de Rajoy.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, hizo referencia a esta iniciativa de los populares en su comparecencia en el Congreso el lunes, en la que señaló que “ocurrencias” como este decreto del PP podrían tener un coste multimillonario para los consumidores. Tarde llega la vicepresidenta con sus alertas. Tiempo ha tenido para tomar otras medidas.

Las eléctricas están dejando bloqueados los bolsillos de los españoles, pero también lo va a hacer las arcas del Estado. El Tesoro Público tendrá que devolver a estas eléctricas más de 1.400 millones de euros después de que el Supremo anulara el conocido como canon hidráulico, una medida que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso en 2015 para el uso de las aguas continentales para la producción de energía.

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Ahora, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, se ha confirmado esta cifra que es el triple que las previsiones iniciales.

Esta devolución tiene su origen en una sentencia del pasado 15 de abril. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo avaló el canon para la utilización de aguas continentales en la producción de energía eléctrica, pero rechazó que se pueda aplicar a las compañías concesionarias de forma retroactiva, tal como planteaba la ley.

Así consta en la sentencia, en la que se cifró en 500 millones la cantidad que deberá devolver Hacienda a las empresas afectadas por esta retroactividad-, en la que los magistrados anularon la disposición que obligaba a estas sociedades a abonar el canon desde 2013.

Cuando se conoció la resolución, se consideró que la devolución correspondería únicamente a los ejercicios de 2013 y 2014. Sin embargo, la cantidad es muy superior, ya que las eléctricas van a recuperar todo el dinero recaudado a través de este decreto.

En 2017, el Alto Tribunal elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la interpretación del canon por su posible incompatibilidad con la normativa comunitaria.

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Entre las dudas de los magistrados se encontraba la propia naturaleza de la tasa, la cual entendían que no era un tributo medioambiental porque “no vela por proteger los supuestos daños” sino que buscaba establecer un mecanismo de financiación del déficit de tarifa, lo que iría en contra de la política energética europea.

Luxemburgo respaldó, a finales de 2019, este canon al considerar que no sólo no contradecía la normativa comunitaria, sino que los Estados miembros debían introducir incentivos para un uso eficiente de los recursos hídricos.

La sala reconoció que la norma cuestionada “es extraña y obedece a una técnica que no parece muy depurada”, de ahí que la crítica de diversos organismos públicos, “independientes en su criterio, avale que se trata de un canon donde el designio recaudatorio está presente de manera muy notable”.


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