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La corte suprema de la Unión Europea ha asestado otro golpe a los gobiernos que intentan controlar a los ciudadanos mediante controvertidas técnicas de espionaje.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE), la máxima autoridad legal de la UE, dictaminó el martes 6 de octubre que los Estados Miembros no pueden recopilar datos masivos de Internet y móviles sobre sus ciudadanos. Obligar a los operadores en Internet y de telefonía a llevar a cabo "la transmisión o almacenamiento general e indiscriminado de datos de tráfico y ubicación" es contrario a la legislación de la UE, explicó el tribunal en su fallo.

"Solamente en situaciones en las que un Estado Miembro se enfrenta a una seria amenaza de seguridad nacional que sea real, presente o previsible, ese Estado Miembro puede renunciar a su obligación de garantizar la confidencialidad de los datos de las comunicaciones electrónicas", incluso en estos escenarios de emergencia, hay reglas que deben seguirse.

"Tal interferencia con los derechos fundamentales debe ir acompañada de salvaguardias efectivas y ser examinada por un tribunal o una autoridad administrativa independiente", alega el tribunal.

El fallo, que fue anticipado con entusiasmo por Organizaciones de derechos civiles, es en respuesta a varios casos presentados por Privacy International y La Quadrature du Net. Estos grupos de campaña han argumentado que las prácticas de vigilancia en el Reino Unido, Francia y Bélgica van demasiado lejos y violan los derechos humanos básicos. Los grupos cuestionaron específicamente la Ley de poderes de investigación del Reino Unido, un decreto francés de 2015 relacionado con los servicios de inteligencia especializados y una ley belga sobre la recopilación y retención de datos de comunicaciones introducida en 2016.

"Este fallo fortalece el estado de derecho en la UE", dijo Caroline Wilson Palow, directora legal de Privacy International, en un comunicado. “En estos tiempos turbulentos, sirve como recordatorio de que ningún gobierno debe estar por encima de la ley. Las sociedades democráticas deben poner límites y controles a los poderes de vigilancia de nuestra policía y agencias de inteligencia”.

Palow agregó: “Aunque la policía y las agencias de inteligencia juegan un papel muy importante para mantenernos a salvo, deben hacerlo de acuerdo con ciertas salvaguardas para prevenir el abuso de poder. Deben centrarse en proporcionar sistemas de vigilancia eficaces y específicos que protegen tanto nuestra seguridad como nuestros derechos fundamentales”.

 

Opinión del asesor judicial de la UE

El fallo se produce después de que un asesor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea descubrió que las prácticas de vigilancia en el Reino Unido, Francia y Bélgica violan la legislación de la UE. El abogado general Manuel Campos Sánchez-Bordona dijo en enero que la ley de la UE prohíbe a los gobiernos obligar a las empresas privadas a llevar a cabo una vigilancia indiscriminada a gran escala.

Esto se aplica a todas las situaciones en las que los gobiernos obligan a las empresas de telecomunicaciones y energéticas a participar en programas de vigilancia masiva. El fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es el último de una serie de casos que buscan limitar los poderes de los gobiernos para mantener a los ciudadanos bajo control.

En julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las leyes de seguridad nacional de Estados Unidos no protegen la privacidad de los ciudadanos de la UE.

El tribunal restringió la forma en que las empresas estadounidenses pueden enviar datos de usuarios europeos a los EE. UU. Después de concluir que los ciudadanos de la UE no tienen una forma efectiva de desafiar la vigilancia del gobierno estadounidense. Las agencias estadounidenses como la NSA pueden, en teoría, pedir a empresas de Internet como Facebook y Google que entreguen datos sobre un ciudadano de la UE.

La decisión se tomó después de que el activista de privacidad austriaco Max Schrems presentara una demanda a la luz de las revelaciones de Edward Snowden alegando que la ley estadounidense no ofrece protección suficiente contra la vigilancia de las autoridades públicas. Schrems presentó la denuncia contra Facebook que, como muchas otras empresas, estaba transfiriendo sus datos y otros de sus usuarios a Estados Unidos.


 

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