La compañía de Telecomunicaciones Española ‘Telefónica’ ha publicado una Nota de Prensa en la cual expone que se inicia el encendido de su red #5G en España, la cual permitirá que el 75% de la población española pueda acceder a esta novedosa tecnología antes de que acabe el presente año.

El anuncio ha sido realizado por el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, quien ha destacado que “la puesta en marcha de su red 5G es un salto de nivel hacia la hiperconectividad que cambiará el futuro de España”. El encendido de la red 5G de Telefónica se produce después de que el pasado mes de julio Álvarez-Pallete reafirmara el compromiso de Telefónica para impulsar la digitalización completa de nuestro país. “Es un 5G para todos, sin excepciones. En todas las comunidades autónomas. Con este impulso, Telefónica acelera la digitalización de las Pymes, de las Administraciones públicas y de los ciudadanos. Como la fibra y como tantas otras grandes cosas, el 5G es Telefónica”, ha precisado el primer ejecutivo de la compañía.

Sin embargo el Ejecutivo de Telefónica omite que la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece en su Disposición Adicional 10ª que mediante Real Decreto se regulará la composición, organización y funciones de la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud, cuya misión es la de asesorar e informar a la ciudadanía, al conjunto de las administraciones públicas y a los diversos agentes de la industria sobre las restricciones establecidas a las emisiones radioeléctricas, las medidas de protección sanitaria aprobadas frente a emisiones radioeléctricas y los múltiples y periódicos controles a que son sometidas las instalaciones generadoras de emisiones radioeléctricas, en particular, las relativas a las radiocomunicaciones. Asimismo, dicha Comisión realizará y divulgará estudios e investigaciones sobre las emisiones radioeléctricas y sus efectos y cómo las restricciones a las emisiones, las medidas de protección sanitaria y los controles establecidos preservan la salud de las personas, así como, a la vista de dichos estudios e investigaciones, realizará propuestas y sugerirá líneas de mejora en las medidas y controles a realizar.

De la Comisión interministerial formarán parte en todo caso el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el Instituto de Salud Carlos III por parte del Ministerio de Economía y Competitividad.

Dicha Comisión contará con un grupo asesor o colaborador en materia de radiofrecuencias y salud, con participación de Comunidades Autónomas, de la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación y un grupo de expertos independientes, sociedades científicas y representantes de los ciudadanos, para hacer evaluación y seguimiento periódico de la prevención y protección de la salud de la población en relación con las emisiones radioeléctricas, proponiendo estudios de investigación, medidas consensuadas de identificación, elaboración de registros y protocolos de atención al ciudadano.

La creación y el funcionamiento tanto de la Comisión como del Grupo asesor se atenderán con los medios personales, técnicos y presupuestarios actuales asignados a los Ministerios y demás Administraciones participantes, sin incremento en el gasto público.

Partiendo de esta ausencia normativa, el Defensor del Pueblo requirió del Gobierno de España en fecha 27 julio 2017 la constitución de la mencionada Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, exponiendo las siguientes consideraciones:

1. La Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), señala que para conseguir que se comprendan mejor los riesgos y la protección contra la exposición a campos electromagnéticos, los Estados miembros deberían proporcionar al ciudadano en formato adecuado información sobre los efectos de los campos electromagnéticos y sobre las medidas adoptadas para hacerles frente. Asimismo indica que, con el fin de mejorar los conocimientos que se tienen acerca de los efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos, los Estados miembros deben promover y revisar la investigación pertinente sobre campos electromagnéticos y salud humana en el contexto de sus programas de investigación nacionales, teniendo en cuenta las recomendaciones comunitarias e internacionales en materia de investigación y los esfuerzos realizados en este ámbito basándose en el mayor número posible de fuentes (recomendaciones V y VI)

Por lo anterior, la Comisión invita a los Estados a fomentar la investigación relativa a los efectos a corto y largo plazo de la exposición a campos electromagnéticos en todas las frecuencias pertinentes y revisar y actualizar los estudios en curso sobre los posibles efectos, teniendo en cuenta los aspectos relativos a la precaución.

2. La Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud cuya creación, mediante real decreto, está prevista en la disposición adicional décima de la Ley General de Telecomunicaciones tiene por misión asesorar e informar a la ciudadanía, al conjunto de las administraciones públicas y a los diversos agentes de la industria sobre las restricciones establecidas a las emisiones radioeléctricas, las medidas de protección sanitaria aprobadas frente a emisiones radioeléctricas y los múltiples y periódicos controles a que son sometidas las instalaciones generadoras de emisiones radioeléctricas, en particular, las relativas a las radiocomunicaciones. Asimismo, dicha Comisión realizará y divulgará estudios e investigaciones sobre las emisiones radioeléctricas y sus efectos y cómo las restricciones a las emisiones, las medidas de protección sanitaria y los controles establecidos preservan la salud de las personas, así como, a la vista de dichos estudios e investigaciones, realizará propuestas y sugerirá líneas de mejora en las medidas y controles a realizar. De la Comisión interministerial formarán parte, en todo caso, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el Instituto de Salud Carlos III por parte del Ministerio de Economía y Competitividad.

Dicha Comisión debe contar, además, con un grupo asesor o colaborador en materia de radiofrecuencias y salud, con participación de Comunidades Autónomas, de la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación y un grupo de expertos independientes, sociedades científicas y representantes de los ciudadanos, para hacer evaluación y seguimiento periódico de la prevención y protección de la salud de la población en relación con las emisiones radioeléctricas, proponiendo estudios de investigación, medidas consensuadas de identificación, elaboración de registros y protocolos de atención al ciudadano.

Esta Comisión parece, por tanto, el instrumento idóneo para cumplir las recomendaciones señaladas y debe constituirse para dar cumplimiento a lo establecido por mandato legal. Sin embargo, ese Ministerio no ha aportado información concluyente que justifique que dicha Comisión no se haya creado.

Es por ello que el Defensor del Pueblo solicitase del gobierno una Decisión preceptiva mediante la siguiente Sugerencia:

Elaborar, conjuntamente con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el proyecto de reglamento por el que se regula la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud y, previo los trámites preceptivos, elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación.

Se agradece de antemano su colaboración y se solicita, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica, que a la mayor brevedad posible, comunique si acepta o no la SUGERENCIA, indicando en este último supuesto las razones en que funde su negativa.

El gobierno de España no respondió.

Y es por ello que, nuevamente, el Defensor del Pueblo vuelve a recordar (esta vez al nuevo gobierno) en fecha agosto 2019 que ;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, esta institución ha resuelto formular a esa secretaría de Estado las siguientes Resoluciones:

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

Someter los planes y proyectos en materia de telecomunicaciones a evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental respectivamente, cuando reúnan los requisitos establecidos en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

SUGERENCIAS

1. Elaborar, conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el proyecto de reglamento por el que debe regularse la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud y, tras cumplimentar los trámites preceptivos, elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación.

2. Una vez constituida, someter a consulta de la comisión la forma de proceder respecto a la aplicación del principio de precaución en el desarrollo de proyectos que impliquen el uso de la banda de 26 GHz, en tanto no se determinen los límites seguros de exposición a emisiones radioeléctricas exigibles para dicha frecuencia.

Asimismo se le agradecerá que informe de las medidas adoptadas para evaluar los posibles efectos sobre la salud que pudieran derivarse de los proyectos piloto en Andalucía y Galicia; si se ha consultado a dichas comunidades autónomas sobre estos proyectos; y si se han adjudicado o se van a adjudicar otros nuevos durante el ámbito de aplicación temporal del Plan Nacional 5G.

Ha transcurrido más de un año, el Gobierno sigue sin atender con la legislación vigente ni tampoco mantiene informado al Defensor del Pueblo. Sin embargo Telefónica nos brinda su tecnología 5G con alcance para el 75% de la población antes de que termine el año.

Sr. Presidente de Telefónica, D. José María Álvarez-Pallete, ¿dónde está el informe de Impacto Ambiental que regulan las normativas vigentes en España sobre su tecnología 5G?

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