IMAGEN 5G FRANCIA PARIS

Mientras el 5G se va implantando gradualmente en Europa, la Plataforma MySmartCab, que representa los intereses de más de 50.000 firmantes en Francia, prepara cuatro acciones legales para suspender esta operación de puesta en marcha de la Tecnología 5G en Francia.

Su remedio legal: la acción colectiva

China ya lo ha adoptado, pero Europa tan solo está acogiéndolo gradualmente: la red 5G continúa alimentando la controversia. La Francia continental parece regocijarse y temer la llegada de una tecnología de este tipo a su territorio, debido a las consecuencias irreversibles para la Salud y la sociedad que podrían causar las potentes frecuencias utilizadas para acelerar la velocidad de Internet. Sin embargo, los operadores están listos. Para contrarrestar la puesta en servicio de esta nueva red, la plataforma MySmartCab, dedicada a acciones colectivas al servicio de Consumidores y Ciudadanos, lanzó el pasado mes de febrero una “petición de acción colectiva” conocida como “PAC”, que reunió más de 50.000 firmas. Después de un intento de resolución amistosa, ha llegado el momento de la ofensiva.

 

Procedimiento participativo abortado

Para la plataforma MySmartCab no es su primer intento de acción colectiva. Agrupando una red de una treintena de abogados de toda Francia, propone emprender acciones a favor de los ciudadanos o consumidores contra determinados servicios o productos con el fin de poner fin a prácticas ilegales o ilegítimas o compensar los daños de los que son víctimas. Ya se han iniciado acciones contra los laboratorios Merck por falta de información sobre Levothyrox, contra el Estado por el uso del pesticida Clordecona o contra los Contadores Inteligentes. “Mediante estas acciones, nuestro objetivo es devolver a los consumidores y ciudadanos sus derechos, explica Arnaud Durand, abogado que defiende a los firmantes contra 5G junto a Christophe Lèguevaques. No debemos confundir la acción colectiva conjunta, que estamos llevando a cabo, con la acción grupal, prevista por la ley Hamon“. Este último posibilita que los consumidores o miembros de un grupo defiendan sus intereses con una sola voz a través de una Asociación.

Al igual que en el caso de los Contadores Inteligenets, los dos abogados primero intentaron recurrir a una solución amistosa, cuando la plataforma contaba con 10.000 firmas: “Pusimos las cuatro principales Operadores 5G, SFR, Orange, Free y Bouygues, mediante carta certificada con acuse de recibo. Solo Orange nos respondió, pero esto no condujo a lo que esperábamos, es decir, al establecimiento de un procedimiento participativo basado en la búsqueda de buena fe y soluciones. " Dado que este procedimiento participativo, previsto en el artículo 2062 del Código Civil, resultó infructuoso, el 23 de julio se interpuso un aviso formal, cuando los firmantes ya eran 50.000. Esta vez, un oficial de la policía intervino en las sedes de los tres operadores móviles, SFR, Free y Bouygues para convocarlos a suspender el despliegue anticipado del 5G, que ha intervenido entre tanto.

 

Despliegue anticipado e ilícito

" Free, SFR, Orange y Bouygues llevaron a cabo un predespliegue de la Tecnología 5G, cuando aún no tenían autorización para hacerlo", apunta Arnaud Durand. En sus especificaciones, la Autoridad Reguladora de Comunicaciones Electrónicas y Postales (ARCEP) estableció el objetivo de equipar 10.500 sitios para 2025 con el 5G. “Como primer paso, instalaremos equipos 5G en antenas 4G existentes. Por lo tanto, no habrá una nueva antena durante varios años, aparte de las previstas en el New Deal Mobile ”, pronosticó el regulador.

Sin luz verde del gobierno, Xavier Niel, presidente de Iliad, la empresa matriz de Free Mobile, ha declarado públicamente que está desplegando activamente antenas 5G. “A pesar de las 50.000 firmas obtenidas a través de la petición, los operadores no reaccionaron, ni el Estado tampoco ” ,  apunta Arnaud Durand. Por eso, la estrategia de compromiso de cuatro acciones colectivas, ofrecidas a todos los que lo deseen, se ha hecho evidente para estos abogados.

 

Cuatro acciones para contraatacar

“Están previstas cuatro acciones. Solicitamos la suspensión del despliegue de la Tecnología 5G hasta que se completen los estudios de impacto, aún en curso. Se debería emitir una primera opinión en el primer semestre de 2021. Mientras tanto, nos enfrentamos a evidentes incertidumbres en materia de Salud ”, explica Arnaud Durand. En primer lugar, basadas en el respeto al principio de precaución y al derecho a la autodeterminación de todas las personas para prevenir ataques contra su persona, las cuatro acciones colectivas han visto ampliadas sus bases, a iniciativa de los firmantes, para apuntar también a la salud, el derecho al respeto de la vida privada, la libertad de elección o el derecho a la autodeterminación, el respeto al medio ambiente y finalmente el principio de realidad.

"A pesar de las 50.000 firmas obtenidas a través de la petición, los operadores no han reaccionado, ni el Estado"

Se interpondrá una primera acción colectiva conjunta ante el juez judicial para la apertura de un procedimiento de instrucción con el fin de obtener pruebas sobre los hechos subyacentes al despliegue. MySmartCab también planea apelar a las autoridades administrativas sobre la ley que autorizará el despliegue de 5G, cuando se cierren las subastas, que deberían permitir finalizar la instalación de frecuencias 5G en Francia. “Para estas dos acciones actuaremos en nombre de los firmantes que así lo deseen : entre los 50.000 firmantes ,  se requerirán al menos 1.000 solicitantes para que la acción conjunta se constituya legalmente. "Se incoarán procedimientos judiciales contra los cuatro principales operadores que comercializan Tecnología 5G, así como procedimientos ante el CEDH, sobre la base del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al derecho a un juicio justo. Esta última acción podría emprenderse en particular en nombre de ciudadanos, asociaciones, fundaciones, ONG o incluso profesionales de la salud.

 

No hay acción de clase europea en el horizonte

Muy recientemente, el Parlamento Europeo y los estados miembros reunidos en el Consejo de Europa acordaron la creación de un procedimiento de acción de grupo europeo. Este medio de emprender acciones legales, directamente desde Estados Unidos, pronto se concretará en el Viejo Continente. La acción de clase europea votada el pasado 22 de junio ofrece a los consumidores la posibilidad de iniciar acciones de clase en el contexto de procedimientos judiciales. Los consumidores esperaban con impaciencia la transposición de este mecanismo americano en Europa, especialmente desde el escándalo de Diesel Gate. En cuanto al despliegue de 5G, el recurso a este tipo de procedimientos no es apropiado por el momento. “En el caso de que haya víctimas de daños causados ​​por el 5G, se podría considerar una demanda colectiva europea. Pero a día de hoy, aún no tenemos suficiente perspectiva sobre los efectos que provoca esta red, seguro que tendremos que esperar unos años para percibir su alcance ” , analiza Arnaud Durand. Si bien todavía no hay patología directamente relacionada con las antenas de la red 5G, se han observado varios marcadores inflamatorios en los pacientes: dolores de cabeza recurrentes, tinnitus, hormigueo que a veces incluso provoca convulsiones.

El informe final de los 150 ciudadanos elaborado por sorteo, en el marco de la Convención Ciudadana sobre el Clima, también propuso "apoyar la evolución de la tecnología digital para reducir sus impactos ambientales" y pidió el establecimiento de una moratoria sobre implementación de la Tecnología 5G, a la espera de los resultados de su evaluación de salud y clima. Poco después, Agnès Pannier-Runache, secretaria de Estado de Economía, anunció a principios de julio que la subasta para adjudicar frecuencias 5G se lanzaría en septiembre y, con ello, cerró la puerta a la moratoria solicitada por la convención ciudadana por el clima. "Las autoridades están cultivando dudas sobre la seguridad del 5G mientras 388 científicos han solicitado su suspensión", plantea Arnaud Durand. Ante un calendario apretado y la presión de las industrias y empresas que ven al 5G como una gran herramienta para la innovación, es probable que la batalla sea acalorada.

 

Y en España, ¿qué está sucediendo?

Mientras la sociedad sigue dudando sobre el poder que tiene si se une, la rivalidad es fuente de discusiones permanentes que hacen inviable que exista una Sociedad Civil Organizada. La Plataforma Ciudadana QAE ha conseguido obtener más de 55.000 firmas, pero la colaboración es muy baja, y peor aún en el ámbito económico. Casi nadie aporta donaciones por lo que se hace muy difícil el ponernos a la altura de la Sociedad Francesa. “Ellos están más evolucionados, tienen más claro qué objetivos quieren alcanzar y se unen a pesar de tener rivalidades internas, afirma Nicolás Ortega, uno de los miembros del equipo jurídico que integra la Plataforma Ciudadana QAE”

Ya se han realizado diversas acciones ante el gobierno de España, entregando informes reclamando la moratoria de instalación de la tecnología 5G, pero a la fecha no se ha pronunciado. En estos momentos se están elaborando los correspondientes recursos ante la administración de justicia, y el borrador de la Demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya está en marcha, afirma el letrado.

 

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