La Asamblea de Córcega aprobó el viernes 31 de julio por unanimidad una solicitud de moratoria sobre el despliegue de la Tecnología 5G en la isla.
Una posición de cautela más o menos compartida, haciéndose eco de un debate global y una polémica local que se desata en torno a la instalación de antenas de telefonía en la meseta de Cuscionu y en las agujas de Bavella. Una votación que, sin embargo, no libera a los oponentes, pero afirma el derecho de los funcionarios electos a obtener toda la información sobre el impacto en la salud de la población sobre las tecnologías utilizadas antes de tomar una decisión. En última instancia, es el gobierno el que decidirá.
Principio de Precaución
Un principio definido y refrendado en la Cumbre de Río de 1992, la cual establece que la ausencia de certeza científica absoluta no debe utilizarse como pretexto para posponer la adopción de medidas anticipatorias de gestión de riesgos, en vista del daño potencial para el medio ambiente y la salud.
En otras palabras, la precaución es necesaria incluso si el riesgo es hipotético. Esta es, evidentemente, la posición adoptada el viernes por la Asamblea de Córcega, por unanimidad de los votantes, para solicitar de forma cautelar una moratoria sobre la instalación de Tecnología 5G.
No es fácil para los electos corsos atrapados entre el riesgo para la salud proclamado por los Colectivos y Asociaciones para la defensa del Medio Ambiente, y los imperativos de desarrollo defendidos por el sector económico en una isla ya tan poco conectada y donde ciertos territorios del interior ni siquiera están en absoluto, "No se trata de oponerse al 5G en principio, se trata simplemente de reivindicar el Derecho de los funcionarios electos a tener todos los elementos de reconocimiento para tomar una posición sobre esta nueva tecnología. Es importante no estar detrás de avances o supuestos avances tecnológicos que tienen consecuencias para la salud”, enmarca el presidente de la Asamblea de Córcega, Jean-Guy Talamoni, en el origen del informe que sostiene esta aplicación.
El derecho a decidir
La solicitud se hace eco del debate nacional contra el despliegue de la última generación de redes móviles y la polémica global que ha encontrado resonancia local con la creación a principios de julio de un Colectivo Ciudadano. Se ha desatado desde hace unos días con el ascenso del nicho de Asociaciones de defensa ambiental frente al proyecto de instalación de antenas 4G de 18 metros de altura en la meseta de Cuscionu y en las agujas de Bavella, cerca de la aldea de Quenza.
Estas Organizaciones estan esperando un estudio de ANSES (Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Ambiental y de Salud Ocupacional). Existe una contradicción para que el estado inicie el despliegue de 5G mientras la misma administración está esperando los resultados de este estudio. Esta línea de tiempo es un poco extraña. No respeta las diferentes etapas”, sorprende Jean-Guy Talamoni. Antes de preguntarse: “Si las consecuencias para la salud son las más preocupantes, las consecuencias ambientales son indiscutibles sabiendo que el 5G consumirá 3 veces más energía que el 4G. ¿Vale la pena el juego? Y qué consecuencias sociales y económicas traerá si tienes que cambiar de dispositivo móvil.
En Córcega, la brecha digital ya es muy importante, especialmente entre los jóvenes. Tenemos que dejar esto claro”. Concluye: "Es una moratoria, no un rechazo. Debemos reafirmar el derecho de los funcionarios electos a saber, a decidir y a no estar detrás de intereses privados. Este es el principio fundamental que les pido que apliquen”.
Una señal de cautela
Una postura cautelosa que parece bastante compartida, primero en los banquillos de la mayoría, pero también en la derecha que se adhiere a la idea de la paciencia, como subraya Jean-Martin Mondoloni, presidente del grupo Per L'Avvene: "El apoyo a la toma de decisiones es de lo que se trata. Nos han sacudido, pellizcado entre una experiencia a veces contradictoria. No se trata de perjudicar el despliegue, sino de una moratoria que pretende iluminarnos. Es nuestra concepción de la decisión política la que sólo debería tener lugar al final de las pericias. Los colectivos ciudadanos son verdaderos baluartes contra los abusos, pero no podemos conformarnos con ellos y confundirlo todo. Nos envían una señal de cautela en la que debemos suscribirnos, pero que no deben prohibir la decisión”. Igualmente favorable, François-Xavier Ceccoli, elegido del grupo de Córcega en la República, recuerda que “Ya existe un despliegue muy fuerte para ponerse al día con el retraso estructural de la red de Internet en Córcega. El despliegue de 4G no ha terminado, todavía quedan algunas zonas en blanco. Empecemos por los cimientos, ¡es mejor que querer hacer el techo primero! Completemos nuestro despliegue como debería durante los próximos dos años. Actualicemos lo que el estado se ha comprometido a hacer sobre el despliegue de 4G con la desaparición de las áreas blancas. Iniciemos esta moratoria e intentemos averiguar más. Antes de poner aún más en peligro la salud de nuestras poblaciones, esta moratoria me parece un justo equilibrio entre el progreso tecnológico que significa que las personas deben evolucionar y la salud pública”.
Por unanimidad
Compartiendo la opinión mayoritaria, el Consejo Ejecutivo está a favor del principio de moratoria. “No podemos privar a los funcionarios electos, los tomadores de decisiones políticas, de los medios para la toma de decisiones y la elección inteligente. No podemos intervenir aguas abajo de decisiones tomadas bajo la presión de grupos que tienen sus propias estrategias y sus propios intereses mientras intentamos defender el interés general”, comenta su presidente, Gilles Simeoni. Dicho esto, nada es simple, especialmente no en términos de problemas que él describe como contradictorio. Por un lado, la exigencia prudencial, el impacto de esta tecnología en la salud, el medio ambiente y el modelo de desarrollo sostenible que deben estar en el centro de nuestras preocupaciones. Por otro lado, la situación de Córcega que sufre una brecha digital real y un retraso considerable que estamos trabajando para colmar lo antes posible, en particular con el despliegue de alta velocidad. Córcega es una isla en el Mediterráneo, entre Francia e Italia. Córcega tiene 87.000 Km² y su población supera los 325.000 habitantes.
¿Y en España, para cuando?
En España la Plataforma Ciudadana QAE presentó el pasado 28 de julio a la Ministra Nadia Calviño (responsable de la Tecnología 5G en España) de un amplio informe jurídico que otorga validez y reputación legal a nuestra petición del Principio del Precaución por lo que se solicita una moratoria a la instalación de la Tecnología 5G en España (ver imagen).
