Las redes sociales ardieron cuando el exvicepresidente segundo del gobierno de coalición publicó en su cuenta de Twitter una interpretación partidista del artículo 128 de la Constitución Española.
En una posterior entrevista en Telecinco Noticias [Pedro Piqueras] el Vicepresidente segundo manifestó que la Constitución ‘no es para sacarla, es para aplicarla’ por lo que es procedente analizar el contexto en el cual pretende ubicar el mencionado artículo de nuestra Carta Magna en relación a la ‘nacionalización del sector eléctrico’, pues quiero recordar al lector que en un mitin celebrado el 13 de abril de 2019 en Gran Canarias, indicó lo siguiente:
"Es un derecho poder encender la luz y poder calentarse", ha declarado Iglesias tras proponer la creación de "una gran empresa pública de energía" que "haga frente al oligopolio" y que "escuche a los jóvenes".
Si gobernamos, "hay un artículo de la Constitución que se va a poner de moda: el 128", ha dicho Iglesias. "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general", ha leído el candidato con un ejemplar de la Carta Magna en la mano, para recordar que también se reconoce en ella "la iniciativa pública en la actividad económica" en "recursos o servicios esenciales".
Este artículo, ha dicho, "sirve para bajar la factura de la luz y para hacer la transición energética que necesita este país", además de para "convertir a Canarias en una referencia en energías renovables".
[https://www.rtve.es/noticias/20190413/pablo-iglesias-apuesta-gran-canaria-retomar-control-recursos-publicos-como-acto-patriotismo/1923026.shtml]
El artículo 128 se ubica en el Título VII ‘Economía y Hacienda’ bajo la órbita de la función pública de la riqueza, y dice:
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Aquí ya podemos comprobar que se hace un uso interesado del tan mencionado artículo 128, al omitir el siguiente apartado 2 del mismo, precisamente de valor irrefutable pues guardan una íntima relación ambos apartados. Y esto es debido a que en la Constitución Española, la cual siempre lleva el vicepresidente del gobierno en el bolsillo, existe un artículo que nunca menciona; el 33.
Este artículo tiene una relevancia importante para el caso que nos ocupa, pues se ubica en la Sección 2ª [de los Derechos y deberes de los Ciudadanos] del Capítulo II [Derechos y Libertades] del Título I. Y no es baladí precisamente este posicionamiento, pues ello es debido a que este artículo 33, impera por encima del 128.
El artículo 33 dice lo siguiente:
-
- Derecho a la propiedad.-
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
La Constitución Española protege la propiedad privada en su más alto nivel de rango, por eso precisamente en su apartado 3º del artículo 33 (que nunca menciona Pablo Iglesias) se garantiza mediante ‘la correspondiente indemnización’ en el caso de verse alguien privado de sus bienes y derechos, aun utilizándose el artículo 128. En otras palabras, el Estado tiene la obligación de indemnizar económicamente a quien se le prive de este soberano Derecho, con independencia de que la titularidad apropiada estuviera subordinada al interés general.
Y es aquí donde entra en escena un factor determinante; ¿quién indemniza a quién? Pues el Estado español a la fecha de este artículo tiene una Deuda pública que supera el 100% del Producto Interior Bruto (PIB) y estamos a unos pasos de un nuevo rescate por parte de la Troika. Aquí es donde se encuentra la clave del uso partidista de la Constitución por parte del Sr. Iglesias.
El Estado español nacionaliza Bankia
Como aval del relato anteriormente expuesto, utilizo un ejemplo real de Nacionalización reciente por parte del Estado español, y que toda la Sociedad hemos sufrido en nuestros bolsillos. Esto es lo que propone Pablo Iglesias, pero desde otro punto de vista, con otro relato distinto pero en el fondo es lo mismo. Considero de una enorme gravedad que el Sr. Iglesias, en su cargo de Vicepresidente del gobierno de España continúe emitiendo eslóganes del tipo 'hay que doblear el brazo opresor de los antipatriotas' y otras lindezas del mismo orden. No hay mayor enemigo de la patria española que aquel que prevarica, pues conocer no solo el contenido gramatical de la Constitución, sino su aplicación y omitir parte de esta, le convierte en un infiel servidor público. Sigamos.
El 7 de mayo de 2012, se publicó la noticia de una nueva inyección de capital por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es la autoridad Pública encargada de la resolución de entidades financieras y de crédito propiedad del Estado español, con una cuantía de 10.000 millones de euros.
Ese mismo día, el hasta entonces presidente de Bankia y exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato, presentó su renuncia por "estimar que es lo más conveniente para esta entidad", considerada como clave para la reestructuración del sistema financiero español. Rato añadió que propondría al consejo de la entidad la designación de José Ignacio Goirigolzarri como consejero y futuro presidente del grupo.
El 9 de mayo de 2012, se produjo la nacionalización del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia. El Estado se quedó con todo el capital de BFA y, en consecuencia, se convirtió en dueño del 45% de Bankia. El Consejo de Bankia y de BFA nombró presidente a José Ignacio Goirigolzarri, en sustitución de Rato. Esta nacionalización fue la consecuencia de convertir en capital los 4.465 millones de euros de participaciones preferentes, por lo que el Estado español indemnizó a los titulares de estas participaciones. (artículo 33 de la Constitución)
A primera hora del viernes 25 de mayo, la CNMV suspendió la cotización de las acciones de Bankia a petición de la propia entidad (el día anterior había cerrado a 1,57 euros, menos de la mitad del precio de salida que fueron 3,75 euros por acción, el 20 de julio de 2011). Por la tarde, se reunió el Consejo de Administración de Bankia que decidió pedir al Estado español una inyección de 19.000 millones de euros de dinero público para BFA, matriz de Bankia (de los que 12.000 serán para esta entidad), una cifra que desbordó todas las previsiones y que la convirtió en el mayor rescate financiero de la historia de España y uno de los mayores de Europa (y que sumada a los 4.465 millones ya concedidos, arrojaba un total de 23.465 millones de fondos públicos del Estado). Artículo 33 de la Constitución Española.
El crédito Estatal que inicialmente hizo el FROB al grupo BFA (propiedad de Bankia) por 4.465 millones de euros en el momento de su formación era imposible de pagar, por lo que el Estado, según el plan de emergencia propuesto cuando se formalizó el crédito, convirtió ese crédito en acciones del FROB en BFA, y adicionalmente aportó otros 19.000 millones de euros más, el mayor rescate de una entidad financiera española, por lo cual el FROB nacionalizó el 100% de BFA y se quedó como el único propietario de la entidad. Al poseer entonces BFA el 45% de Bankia (El resto era propiedad de los inversores privados que aportaron capital durante la salida a bolsa), el Estado se convirtió en el accionista mayoritario de esta entidad. (nuevamente artículo 33 de la Constitución)
El 9 de junio de 2012, el ministro de Economía Luis de Guindos anunció que España había solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate de 100.000 millones de euros que el Estado utilizaría para sanear el sistema financiero español, especialmente Bankia, a través del FROB. El presidente del Gobierno Mariano Rajoy en su comparecencia del mediodía del día siguiente evitó el término rescate y habló de "línea de crédito" y de éxito de su política ("hemos evitado el rescate de España", llegó a decir).
El 27 de junio de 2012, fuentes del Consejo de Administración del grupo de BFA-Bankia dieron a conocer la tasación realizada de cara a la nacionalización, según la cual el grupo no valía nada. Peor aún, que su valoración era negativa, de -13.635 millones de euros. La consecuencia fue que los 4.465 millones aportados por el Estado, al convertirse de participaciones preferentes en acciones del BFA, se tradujeron en la nacionalización del 100% de la matriz e, indirectamente, del 45% de Bankia.
Ante esta situación el Consejo de Administración de BFA dimitió en bloque. Por otro lado, las siete cajas de ahorros que crearon BFA se quedaron sin ningún patrimonio en la entidad, lo que las dejó sin dividendos futuros que usar para la obra social, y sin activos más allá de los de la obra social que quedaron al margen de la integración. Ese día las acciones de Bankia cotizaron a 0,90 euros.
El Estado español es el principal accionista de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) con un 45% del capital. Tuvo una dotación inicial de 9.000 millones de euros, de los cuales el 75% (6.750 millones de euros) fue financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) Es decir, que toda la Sociedad Española asumió el coste de la ‘indemnización por nacionalización’ de una de sus principales entidades financieras del país. A esto es lo que se refiere Pablo Iglesias cuando utiliza 'su versión particular' del artículo 128 de la Constitución Española.
¿de verdad está España para asumir nuevos retos financieros como el relatado? Desde mi punto de vista creo que no. El problema es que no se transmite la totalidad de la realidad. La verdad siempre es manejable hacia los intereses partidistas de quien promulga su doctrina. Es muy fácil hablar, pero somos esclavos de nuestras palabras, y dueños de nuestro silencio. El sector eléctrico no se puede privatizar por la sencilla razón de que el Estado no dispone de 45.000 Millones de euros que es el valor actual de las principales compañías eléctricas. ¿pero se ha vuelto loco el Sr. Iglesias? , ¿Otro político más que nos quiere llevar a la ruina?
Por otro lado, y para concluir en cuanto a la inviabilidad ahora de una ‘nacionalización del sector eléctrico’, el concepto ‘Puertas Giratorias’ existe debido a que las personas que terminan ocupando asientos en el Congreso de los Diputados influyen, bien por acción u omisión, al desarrollo de normativas que terminan manteniendo el beneficio que se les atribuyó en los ‘Pactos de la Moncloa’ .
¿conoces el origen de la expresión 'por el artículo 33'?
