Desaparecen 1.786 millones de euros en subvenciones y ayudas al carbón, según el Tribunal de Cuentas

MINA CARBON ASTURIANA

En un demoledor informe del Tribunal de Cuentas al cual ha tenido acceso QAE, se concluye que las subvenciones asignadas para los periodos 2006-2017 al carbón se gestionaron de forma irregular, sin control interno y de forma ineficiente.

La regulación del régimen jurídico de las ayudas para infraestructuras de las zonas mineras del carbón, contenida en el Real Decreto 1112/2007, adoleció de significativas deficiencias que afectaron a la planificación y ejecución de las actuaciones, así como al diseño de los procedimientos, que tenían lagunas significativas en aspectos que afectaban al control interno, lo que se evidencia en la circunstancia de que las actuaciones de ejecución de varias subvenciones concedidas con cargo a esta línea han sido objeto de procesos judiciales penales. Adicionalmente, se ha advertido que los procedimientos de selección de actuaciones no se siguieron en todos los proyectos financiados, que los proyectos ejecutados no se correspondían con el contenido literal de las actuaciones previstas en los convenios o que la justificación presentada era incompleta o no permitía acreditar fehacientemente la aplicación de los fondos.

Las propuestas de financiación procedían, en primer lugar, del listado de actuaciones recogido en los protocolos de colaboración (convenios marco) suscritos con las comunidades autónomas y, en segundo lugar, de las propuestas de las mesas regionales de la minería. Estas mesas carecían de representación del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y de la Secretaría de Estado de Energía, lo cual no era razonable, toda vez que las ayudas que proponían se financiaban con cargo al presupuesto del Instituto.

Pero más demoledor son las conclusiones de su informe, al determinar que se clasificaron indebidamente como instrumentales los programas presupuestarios 457M y 423M, gestionados por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, y destinados a la financiación de infraestructuras y proyectos empresariales generadores de empleo en las zonas mineras del carbón, ya que de sus características y finalidad se deduce que tenían carácter finalista.

Los objetivos definidos en los Planes del Carbón fueron excesivamente genéricos, careciendo de indicadores y de una estructura desagregada que permita efectuar un seguimiento del grado de consecución de sus fines. Tampoco las disposiciones que desarrollaron los Planes del Carbón contenían, ni en su expediente de elaboración, ni en su contenido normativo, objetivos e indicadores que permitieran efectuar un seguimiento del grado de avance o de éxito de las medidas.

No se elaboraron estudios, análisis o memorias que facilitasen información sobre el impacto de los fondos aplicados, que ascendieron en el periodo fiscalizado a 1.105 millones de euros para la línea de infraestructuras y 681 millones de euros para las de proyectos empresariales, de forma que permitan planificar de forma más adecuada la concesión de nuevas ayudas que constituyeran un mejor desarrollo de las comarcas mineras.

Además, del análisis de la información recabada sobre el estado de uso de los equipamientos financiados con cargo a la línea de infraestructuras, se desprende que el grado de ocupación en las inversiones realizadas en polígonos industriales (sobre todo si son nuevas fases o cercanos a polígonos ya existentes) es reducido y que diversos edificios dotacionales y otras inversiones no estaban en uso o estaban pendientes de una segunda fase para su entrada en funcionamiento.

En definitiva, un tremendo informe que tumba por completo las políticas de los diversos gobiernos que han manipulado estas enormes cifras, las cuales no se conoce su paradero al no existir los controles y seguimientos que establece la legislación vigente.

Como ya indicamos desde QAE en un artículo reciente, los Consumidores y Usuarios venimos pagando un impuesto especial a la electricidad (IEE). Este impuesto tiene su origen en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. En su Título III se regulan los Impuestos Especiales sobre el carbón y la Electricidad y en su artículo 76 y 77 se indica que se trata de un Impuesto Especial sobre el Carbón. En su artículo 79 establece que el impuesto se exigirá al tipo del 5,11269632 por ciento.

Con posterioridad, el 28 de diciembre de 2012 se publica la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Esta Ley recoge un conjunto de medidas tributarias tendentes a armonizar el sistema fiscal con un uso de los recursos energéticos que sea respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad del sistema eléctrico. La entrada en vigor de las medidas tributarias incluidas en esta Ley se producirá el próximo 1 de enero de 2013.

De todo el dinero recaudado, que superan los 3.000 millones de euros, ahora podemos comprobar que es lo que han hecho los políticos de los diversos gobiernos; repartirlo para fines distintos de los que fueron creados.


 

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