La mayoría de los Contadores Inteligentes que están instalando en España las eléctricas no cumplen con la normativa vigente, por ese motivo los cambian sin estar presente el titular del contrato, incluso en periodos de nocturnidad cuando todo el mundo está durmiendo. Sin embargo, hay que pagar para adaptarlos a tu potencia contratada. En algunos casos supone hasta un 35% de coste añadido por volver a tener la potencia que tienes en tu contrato de suministro.
El técnico usurpador, al desconocer cuál es la potencia que tiene contratada el cliente, instala un dispositivo electrónico con un ICP incorporado y con una potencia básica. ¿Qué sucede con esto? Que cada dos por tres estará saltando el ICP que lleva el nuevo contador en su interior y al no poderlo tocar, nos veremos obligados a llamar a la compañía eléctrica para aumentarlo, y ahí es donde viene el golpe económico.
Cada cambio de tramo de potencia supone unos 4 euros mensuales, subir un tramo tiene un coste anual de unos 50 euros, incluso podría llegar a ser de 190 euros. Esta limitación de potencia que llevan incorporados los nuevos contadores digitales son inaccesibles para el titular del contrato, por lo que se ve en la obligación de tener que requerir de los servicios técnicos de un especialista de la compañía eléctrica. Esta ‘subida encubierta’ se está generalizando de forma sistemática, pues al no estar presente el titular del contrato, el técnico desconoce la potencia del consumidor, por lo que no puede ajustar esta a la verdaderamente contratada y por eso los configurar al mínimo de potencia y que el cliente ‘se busque la vida para solucionarlo’.
No hay escapatoria. Los contadores han venido para quedarse, y los que aún no lo han hecho, deberán rascarse próximamente el bolsillo. Y es que subir un tramo en la potencia contratada supone una media de siete euros más a final de mes. Y ya hay usuarios que han tenido que saltar dos o tres tramos.
Los consumidores de electricidad ya soportan un incremento del coste de la parte fija del contrato de la luz por decisión del Gobierno. Así, si hasta entonces la parte fija suponía el 35 % de lo que pagaba un consumidor y el variable, o sea, el consumo, el 65 %, a partir de agosto del año pasado este equilibrio se modificó. Ahora, los costes fijos suponen el 60 % de la factura mientras que los variables son el 40 %. Esta decisión ya fue denunciada por las asociaciones de consumidores porque penalizaba a los consumidores más eficientes.
Esta aberrante situación se encuentra incluida en la Denuncia que la Plataforma QAE tiene previsto presentar en la Audiencia Nacional. regístrate en la Denuncia de QAE, puedes hacerlo accediendo en el siguiente link.
