Bruselas lleva a España ante los Tribunales Europeos por no transponer la Directiva de Eficiencia Energética denunciada por QAE

 

El Ministerio de Energía publicó en su página web y eliminó a los pocos días el nuevo proyecto de Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales, conforme a lo establecido en la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27/UE, la cual está denunciada por QAE en Bruselas. 

Indicaban en este Proyecto de RD que el objetivo consiste en establecer las exigencias y obligaciones en lo relativo a la contabilización de los consumos individuales que deben cumplir las instalaciones térmicas centralizadas de los edificios existentes con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio , así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento, tal y como se exige en el artículo 9 y siguientes de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética. Un nuevo intento del gobierno de saltarse la Legislación Comunitaria, pues el mencionado artículo 9 regula los ‘Contadores Inteligentes’ de electricidad, los cuales todavía no ha incorporado el gobierno a nuestra legislación nacional.

 

En concreto, el artículo 9 de la Directiva Europea establece;

Siempre que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía, los Estados miembros velarán por que los clientes finales de electricidad, gas natural, calefacción urbana, refrigeración urbana y agua caliente sanitaria reciban contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen exactamente el consumo real de energía del cliente final y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso.

La Denuncia presentada por la Plataforma QAE en Bruselas por no transponer la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27/UE comienza a dar sus frutos, pues la Comisión ha decidido llevar al Estado Español ante los Tribunales Europeos. Y esto acaba de empezar.

Estamos ante un nuevo incumplimiento de la Legislación Europea, muy habitual en los gobiernos de España, y que podría terminar en un expediente sancionador por parte de Europa. De haberse cumplido con la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27/UE, España se hubiera ahorrado la emisión de 2,7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, añadiendo al perjuicio medioambiental el coste que supone el adquirir estos derechos de emisión. En definitiva, que España sigue con una Política Energética paupérrima, propia de un país subdesarrollado y sin esperanza alguna de evolución. Esta es la realidad por mucho que nos cuenten desde el Gobierno. Prima antes los intereses empresariales que los beneficios para la ciudadanía. 


 



 


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