La Oficina del Defensor del Pueblo ha notificado a la Plataforma Ciudadana QAE la reactivación de su propuesta en relación con el Bono Social, presentada en octubre de 2014. Más vale tarde que nunca.

QAE presentó una queja ante la Defensora del Pueblo por la cual denunciaba la ausencia de garantías por parte del Gobierno, a la hora de beneficiarse de la reducción del precio de la luz establecido en un 25%. La Ley del Sector Eléctrico 24/2013, de 26 diciembre, establece que el Bono Social será considerado como una obligación de servicio público conforme a lo regulado en la Directiva Europea 2009/72/CE, la cual establece en sus considerandos que los reguladores de la Energía deben estar facultados para contribuir al aseguramiento como servicio público obligatorio la garantía de la protección a los consumidores vulnerables.

Acompañando a esta queja, QAE desarrolló en un informe las circunstancias por las cuales en España solamente el 13% de los Pensionistas que perciben la renta mínima (y con derecho a la bonificación del 25%) están beneficiándose del Bono Social. Algo verdaderamente lamentable si tenemos en cuenta que se trata de un colectivo totalmente vulnerable, superior a los 2,5 millones de personas, que perciben menos de 600 euros mensuales. La Sociedad Española no puede permitir que su Gobierno mantenga diezmados a nuestros Padres y Abuelos, que lo han dado todo para que ahora les reportemos con estas injusticias sociales.

En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 11 febrero 2011, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) emitió un Dictamen sobre el tema “Pobreza Energética” en el cual se reflexiona en más de 14 artículos la necesidad de que los Estados Miembros de la UE (y España todavía lo sigue siendo) protejan de forma especial a los Colectivos más vulnerables. El Gobierno de España ha mantenido una estructura de Bono Social donde el principal beneficiario han sido los puntos de suministro eléctrico menores de 3 kW de potencia, es decir; segundas viviendas, pequeños locales, garajes, etc.

Desde el año 2009 en el que el Gobierno de Zapatero publicó el Real Decreto-Ley 5/2009, se han estado beneficiando más de 1,6 millones de contratos con potencia inferior a 3 kW, sin tener en cuenta ningún otro factor que le dé una consideración de ‘cliente vulnerable’. Según los informes emitidos por el Organismo Regulador del sector eléctrico, la CNMC, el 73% del Bono Social aplicado en España lo disfrutan estos usuarios con esta potencia mínima. Mientras, la Oficina del Defensor del Pueblo ha estado reclamando al Gobierno en reiteradas ocasiones una contestación urgente, sin recibir respuesta por su parte.

Han transcurrido más de dos años desde que se presentó este trabajo que ahora vuelve a activarse, pues el Gobierno ha estado desatendiendo esta queja cuyos principales beneficiarios no pueden seguir asumiendo los altos costes del sistema eléctrico que, por culpa de quien sea, han subido en los últimos 4 años más de un 60%. Ahora la Defensora del Pueblo requiere al nuevo Gobierno con caracter de urgencia tratar este asunto vital para la Sociedad más afectada.