En España se paga más cara la electricidad que en la mayoría de países de nuestro entorno. Según datos publicados por la agencia europea de estadística Eurostat, la electricidad doméstica es la cuarta más cara de toda Europa, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda. Además de ser alto, el precio de la luz sigue subiendo más en España que en la media europea.
Tanto el déficit de tarifa como los elevadísimos costes de distribución o las prácticas oligopólicas de las eléctricas han sido culpables de que la factura de la electricidad se haya encarecido de forma abrupta en los últimos diez años. Respecto a las prácticas oligopólicas, el episodio más reciente de esta sucesión de despropósitos relacionados con la regulación del precio de la electricidad ha venido dado por la detección por parte de numerosos clientes y organizaciones de consumidores de que existen empresas comercializadoras de electricidad que habrían estado facturando erróneamente varios conceptos de la factura, que van desde deficiencias de facturación de los peajes de acceso del término de la potencia contratada hasta deficiencias de facturación por no uso o instalación de maxímetro.
Según informaciones publicadas por diversos especialistas, estas irregularidades se habrían estado produciendo desde 2001 hasta la actualidad y estarían afectando tanto a hogares como a empresas y administraciones públicas. Por lo que se refiere a las deficiencias de facturación de los peajes de acceso, el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, lo estipula de forma clara: los peajes de transporte y distribución serán aprobados por el Gobierno en la forma que reglamentariamente se determine y tendrán el carácter de máximos y, por tanto, son importes únicos y aprobados por el Gobierno, no por las comercializadoras, las cuales estarían gravando por encima de esos máximos y por tanto incurriendo en una ilegalidad.
Asimismo, el citado Real Decreto también especifica que los costes que incluirán las tarifas de acceso son los de transporte de energía eléctrica; de distribución y los costes de gestión comercial reconocidos a los distribuidores por atender a suministros de consumidores cualificados conectados a sus redes que adquieren su energía ejerciendo su condición de cualificados.
Pero todavía se estaría produciendo un agravante añadido y es que aun existiendo el instrumento de control de la potencia máxima y, por lo tanto la potencia a facturar, las comercializadoras estarían facturando de igual modo el 100% de la potencia contratada, incurriendo en un incumplimiento claro de la normativa legal.
En este sentido, cabe recordar que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien tiene la tarea de inspeccionar dentro de su ámbito de competencias, la correcta facturación y condiciones de venta de las empresas distribuidoras y comercializadoras a consumidores y clientes cualificados. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es quien ostenta la potestad de inspección y sanción.
Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que incoe una exhaustiva investigación que tenga como objetivo esclarecer la presunta vulneración por parte de algunas empresas comercializadoras de energía eléctrica de la legislación en materia de tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
Además, el Congreso insta a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a que lleve a cabo las comprobaciones necesarias de las propuestas comerciales de las empresas comercializadoras de energía eléctrica y, en caso que se demuestren vulneraciones de las obligaciones de aquellas en relación al suministro, inicie los trámites pertinentes para sancionar a aquellas empresas que hayan incurrido en ellas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016
