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Más de 26 millones de contratos de suministro eléctrico se encuentran atrapados en la encrucijada diseñada por el actual Gobierno con su lamentable reforma del sector eléctrico.

La Ley 24/2013 de reforma del sector eléctrico nada tiene de bondad para los consumidores. Si bien es cierto que en su artículo 1º manifiesta que el objeto de esta tiene por finalidad garantizar el suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste, la realidad es bien distinta.

Actualmente hay en España más de 4 millones de consumidores que, al no poder hacer frente a los desproporcionados importes de sus recibos, se encuentran a las puertas del umbral de la denominada ‘Pobreza Energética’.

Existen Directivas Europeas que protegen a estos ‘consumidores vulnerables’ pero que sin embargo el actual Gobierno ha olvidado incorporar a nuestra legislación. Este interés en desproteger desde el Poder Ejecutivo merece un detenido análisis, pues se considera un acto Inconstitucional.

Hoy tenemos consumidores que se encuentran con la desagradable sorpresa de que sus facturas recibidas contemplan importes que, en algunas ocasiones, llegan a superar el 50% de incremento respecto a los últimos meses, por lo que la situación se torna gris y preocupante.

Si no ponemos remedio de inmediato a esta desesperante situación, la sociedad se precipita hacia un abismo económico de magnitudes desconocidas. Mientras la Mafia Eléctrica siga maniobrando sus intereses con la ayuda del BOE, el objeto principal de esta Ley dista mucho de la realidad, pues lo único que ha conseguido es beneficiar de forma desproporcionada los intereses empresariales de la industria Energética, dando la espalda a la sociedad y sus ciudadanos.