El desarrollo de las energías renovables, en especial de la eólica, y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han modificado el tablero energético en España, y han abierto el debate sobre el papel de las centrales de carbón y gas natural (ciclos combinados) en esta etapa.

La pretensión de Iberdrola de cerrar sus dos últimas centrales de carbón de España, las de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), y las dudas planteadas por Endesa sobre la continuidad de las plantas de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) han sido recibidas con recelo en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Su titular, Álvaro Nadal, llegó a acusar en mayo a Enel, principal accionista de Endesa, de favorecer a los ciudadanos italianos "a costa del consumidor español".

Días antes, el consejero delegado de la compañía italiana, Francesco Starace, había explicado que, con el marco retributivo actual, las inversiones necesarias para cumplir las exigencias medioambientales y mantener en funcionamiento las centrales de Andorra y Compostilla más allá de 2020 las haría inviables.

A partir de ese momento, Nadal trató de convencer a otras fuerzas políticas para regular de forma más estricta el cierre de las centrales eléctricas, aunque sin resultados.Finalmente, el pasado lunes, Energía remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un real decreto que amplía los criterios que puede emplear el Gobierno para decidir si autoriza o no el cierre de una central.

Además de evaluar su impacto en la seguridad del suministro, Energía podrá tener en cuenta también el efecto de un eventual cierre en los precios de la energía, en la competencia, en la planificación energética y en la lucha contra el cambio climático.

Las centrales de carbón tienen ventajas e inconvenientes: el carbón es más barato que el gas natural y es una de las pocas fuentes de energía autóctona, pero contamina más. El cierre de las centrales térmicas es bien recibido por los ecologistas, porque ayudaría a cumplir los objetivos de reducción de emisiones, pero lo rechazan tanto los sindicatos -por su impacto en el empleo- como las comunidades autónomas en las que están situadas.

Sobre su impacto en los precios, el titular de Energía dijo el miércoles en el Congreso que la clausura de las plantas de carbón encarecería un 15 % el precio de la electricidad en los momentos de mayor demanda. Pero las empresas eléctricas no sólo se plantean desmantelar las centrales de carbón; también reclaman desde hace tiempo la posibilidad de cerrar, de forma temporal o indefinida, los ciclos combinados que no son viables, siempre que la medida no ponga en riesgo la seguridad del suministro.

El desarrollo de las energías renovables ha hecho que las centrales térmicas hayan cambiado su rol en el "mix" energético y se hayan convertido en tecnologías de respaldo. En los momentos en los que la producción eólica es abundante, los ciclos combinados apenas se utilizan.

En el sistema eléctrico, las tecnologías más baratas (la nuclear -que no se apaga salvo en caso de revisión-, la hidroeléctrica y la eólica) se ponen en funcionamiento antes y sólo se recurre al carbón o al gas en caso de necesidad.

Las empresas del sector defienden que ese papel de respaldo debe ser retribuido adecuadamente y que, si no es así, lo lógico es que las plantas no viables se puedan cerrar. El Ministerio de Energía sostiene que la planificación energética corresponde al Gobierno y al Parlamento.


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