Es la primera vez que Anticorrupción lleva a los tribunales penales a una eléctrica. En este caso "por un delito contra el mercado y los consumidores del artículo 281 del Código Penal". En este sentido, la Audiencia Nacional ordenó practicar este miércoles pasado entradas y registros en las sedes de Iberdrola en Madrid y Bilbao al admitir la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la compañía.

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha presentado una denuncia contra los responsables de Iberdrola en la Audiencia Nacional por urdir un plan para alterar el precio de la luz y obtener un lucro ilícito de 20 millones durante el invierno de 2013 y coincidiéndo con una ola de frío.

Según fuentes de la compañía, están prestando toda su colaboración al juez instructor Ismael Serrano y niegan haber realizado manipulación fraudulenta alguna. En 2015, competencia ya multó a la eléctrica por estos mismos hechos con 25 millones.

Los hechos que investiga ahora el juez Ismael Moreno se produjeron entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. Ya entonces la presunta manipulación derivó en un escándalo que obligó al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios de la luz.

 

AUMENTÓ EL PRECIO "SIN CAUSA LEGÍTIMA QUE LO JUSTIFICARA"

El fiscal explica en su denuncia que Iberdrola "ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda". Todo con la "finalidad de lucrarse ilícitamente".

Según el ministerio fiscal, la empresa aumentó el precio en las ofertas de energía eléctrica de sus centrales hidráulicas del Duero, Sil y Tajo "a un nivel por encima del precio del mercado diario". Y lo hizo, señala el fiscal, "sin causa legítima que lo justificara".

Por todo ello, Anticorrupción pide al juez que cite a declarar como investigado al representante legal de Iberdrola. Además, que solicite los informes y la resolución de la CNMC sobre el caso y que la Red Eléctrica de España aporte una certificación sobre promedio semanal de reservas hidráulicas.