La plataforma Castor le va a costar a los Españoles 4.000 millones de euros

Tras conocerse el resultado del informe encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que ha determinado la relación entre los seísmos ocurridos en la zona y el almacenamiento de gas Castor, desmantelar ahora esta instalación gasista tendrá un coste global de 4.000 millones de euros para la hacienda pública española.

Según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén submarino de gas situado frente a las costas de Castellón, es uno de los ejemplos más claros de derroche innecesario de dinero público que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en energías contaminantes del Ministro José Manuel Soria.

La empresa constructora del proyecto fue ACS, quien recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4.000 millones de euros.

Cabe recordar además, que el coste final del proyecto Castor se triplicó sin una explicación aceptable por parte de ACS. Todo el proceso ha hecho que en abril de 2015 el Parlamento Europeo censurara la indemnización, solicitando al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago.

Tras la confirmación por parte del ministro de Industria, José Manuel Soria, de la relación “causa-efecto” entre los reiterados temblores de tierra en la costa de Tarragona y Castellón y el almacenamiento de gas Castor, Organizaciones Sociales reclamaron que se cancelase definitivamente la planta Castor, pues en esas fechas se habían producido más de 300 temblores en la zona, dos de ellos con intensidad superior a 4 en la escala de Richter.

En 2016 se impulsó una Proposición no de Ley instando al Gobierno a establecer un calendario para el desmantelamiento de la plataforma Castor en coordinación con la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos de los municipios afectados.

La Organización Greenpeace sostiene ahora que es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad.


 

 

 

 

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