El Organismo Regulador del Sector Eléctrico, la CNMC, acaba de publicar el informe DE/049/17 de título “ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO” con el cual pretende convencer de que la Sociedad le debe a las Compañías Eléctricas 23.070 millones de euros.

En este artículo vamos a desgranar con detalle la realidad de este desequilibro económico virtual del estado contable del sistema eléctrico en España. Y para ello comencemos por su definición; “Déficit de Tarifa“. En ninguna publicación del BOE existe tal frase, por lo tanto se convierte de facto en una expresión ‘alegal’. Sin embargo se ha venido utilizando por los Medios de Comunicación propagandísticos, la mayoría sin saber de lo que hablan, con el fin de transmitir de forma subliminal ‘estás pagando poco por la electricidad que consumes’.

Por ello, es normal que encontremos siempre un mensaje lineal en casi todos los medios y es el siguiente; el ‘déficit de tarifa’ se produce porque los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del sistema eléctrico. Aquí nos encontramos con el primer latrocinio permitido y avalado por los Partidos Políticos que han gobernado España, como podremos comprobar a lo largo de este artículo-informe.

La realidad es todo lo contrario, el desequilibrio del sistema eléctrico se produce porque los Gobiernos han estado gastando por encima de sus posibilidades de forma negligente. Es decir, sabiendo cuales son los ingresos adquiridos por los recibos de la luz, no puedes ni debes permitir como Gobierno, gastarte más de ese importe. Y sirva a modo de ejemplo, una de las múltiples liquidaciones del Sistema Eléctrico. En este caso los años 2004-2005 en los cuales comenzó este latrocinio.

Podemos observar en el siguiente cuadro de la antigua CNE (ahora CNMC) diferentes aspectos que nos hace pensar que algo no funciona bien. En la columna A correspondiente al ejercicio 2005, comprobamos que se ha pagado 13.907,8 millones de euros correspondientes a un consumo de 239.016 GWh, resultando un precio de 58.187 euros el GWh. Comparado con el ejercicio 2004 (columna B) el resultado se encuentra en la misma línea; 58.911 euros para un consumo de 228.742 GWh con unos ingresos por recibos de la luz de 13.475,5 millones de euros.

Ahora debemos de analizar con sumo detalle el siguiente apartado; el Coste de la generación de esos GWh. La flecha roja señala que en el año 2004 producir 168.767 GWh ha supuesto un coste de 7.560,3 millones de euros, por lo que el GWh generado ha supuesto 44.797 euros. En comparación con el ejercicio 2005, producir 166.913 GWh (menor que en el 2004) ha supuesto un coste de 12.047,7 millones de euros. Es decir, 72.180 euros el GWh. Un 62% más caro que el coste del ejercicio anterior. Aquí comienza el problema.

La estrella roja-amarilla señala un resultado positivo de 414,2 millones de euros (superávit) en el ejercicio 2004, mientras que en el año 2005 da como resultado -3.741,3 millones de euros (déficit) estrella roja-gris. Impresionante, verdad?.

Ahora realicemos el mismo análisis sobre los ejercicios 2006-2007 en la siguiente imagen:

Observamos que el desajuste (déficit) del ejercicio 2006 asciende a -3.046,6 millones de euros, y esto es debido a que se imputó un coste por generación de energía de 14.353 millones de euros para 205.852 GWh, es decir 69.725 euros.

Respecto al ejercicio 2007, el desajuste es de -1.223,5 millones de euros, siendo el volumen de GWh generados de 202.668 resultando un coste de 12.257 millones de euros; 60.478 euros el GWh.

Estos desafortunados desequilibrios hicieron que la Comisión Nacional de Energía emitiera un severo informe de fecha 20 mayo 2008, en el cual concluyen lo siguiente:

Coste de producción por tecnología

Existe cierta dificultad para conocer los costes de cada central. Los costes fijos dependen de la política de amortizaciones practicada por las empresas y, más allá de esa política, de las normas regulatorias vigentes hasta 1998 y 2006, año (este último) de cancelación de la regulación de los CTC’s. A ello hay que añadir la falta de homogeneidad de los costes de las centrales debido a su diversidad tecnológica (e incluso también, falta de homogeneidad dentro de la misma familia tecnológica) y a su construcción en diversos años y por diferentes empresas, así como a las inversiones realizadas en reconversiones, alargamiento de vida útil o repotenciacion, por ejemplo. Por su parte, los costes variables dependen, fundamentalmente, de los contratos de aprovisionamiento de los combustibles: GN, Carbón y Nuclear y de los costes de operación y mantenimiento, todos ellos sensibles desde el punto de vista comercial y, por ello, opacos.

Es decir, ni el mismo Organismo Regulador del Sector Eléctrico tiene capacidad para conocer cuál es el precio real de generación del GWh, por ello publica un cuadro ‘estimativo’ de este:


Por consiguiente, sólo es posible cuantificar los costes en sus órdenes de magnitud y bajo hipótesis de trabajo explicitas y razonables que permitan una aproximación orientativa al problema que presentan los mercados en su actual diseño y, sobre todo, al problema que plantea la aditividad de precios para el cálculo eficiente de la tarifa. Aquí no estamos ante un problema de ejercicio de poder de mercado que pueda alterar artificialmente los costes, por mucho que este problema pudiera existir o haya llenado las preocupaciones de los analistas, sino ante un problema de diseño del mercado mucho más básico y profundo en el que hasta ahora se ha fijado poco la atención.

En pocas palabras; el Regulador admite como válido los datos facilitados por las Eléctricas con resignación, cuando su obligación es la de auditar esos costes de generación indicados y ponerlos en duda frente a los datos hipotéticos presentados.

La bola de nieve se va haciendo más grande porque en ningún momento, ni por parte del Gobierno de turno ni del Organismo Regulador del Sector Eléctrico ( CNE – CNMC) ha existido una voluntad política para detener las pretensiones de la mafia eléctrica. 

Y así se ratifica la ausencia de interés en auditar estos costes, cuando el Gobierno de Zapatero publica un Real Decreto Ley 6/2009 de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético en el que observamos en su preámbulo lo siguiente:

El creciente déficit tarifario, esto es, la diferencia entre la recaudación por las tarifas reguladas que fija la Administración y que pagan los consumidores por sus suministros regulados y por las tarifas de acceso que se fijan en el mercado liberalizado y los costes reales asociados a dichas tarifas, está produciendo graves problemas que, en el contexto actual de crisis financiera internacional, está afectando profundamente al sistema y pone en riesgo, no sólo la situación financiera de las empresas del sector eléctrico, sino la sostenibilidad misma del sistema. Este desajuste resulta insostenible y tiene graves consecuencias, al deteriorar la seguridad y capacidad de financiación de las inversiones necesarias para el suministro de electricidad en los niveles de calidad y seguridad que demanda la sociedad española.

¿los costes reales? Si de verdad fueran reales, la CNE no advertiría en su informe de mayo 2008 que trabaja sobre hipótesis debido a la opacidad de la información transmitida por las compañías eléctricas. Por lo tanto, la voluntad política brilla por su ausencia. Y continuando con el latrocinio del sector eléctrico, en este Real Decreto-Ley se crea un perverso mecanismo que terminará convirtiéndose en la mayor estafa de la historia de España; el reconocimiento de derechos de cobro a largo plazo.

Así se prevé la cesión de estos ‘derechos de cobro’ a un fondo de Titulización denominado FADE el cual emitirá sus correspondientes pasivos por medio de un mecanismo en el mercado financiero y con la Garantía del Estado.


Y ahora volviendo a la realidad, en la que los precios de la electricidad están a precio de oro, nos presenta la CNMC este informe dando por hecho que debemos a las eléctricas 24.000 millones de euros, mientras estas obtienen unos beneficios anuales superiores a los 6.000 millones.

Aquí algo no funciona, y me atrevo a pensar que el problema se localiza en el Congreso de los Diputados. En este vídeo queda bien claro como nos engañan en Sede Parlamentaria: