Solo el 13% de los Pensionistas se beneficia del Bono social

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En España hay 2.466.968 Pensionistas cobrando la percepción mínima, de los cuales solamente han conseguido obtener el Bono Social eléctrico 315.060, es decir un 13%. Verdaderamente lamentable sabiendo que las Directivas Europeas obligan a crear un sistema de servicio público dirigido exclusivamente a los Colectivos Vulnerables, y cuya responsabilidad recae sobre el Estado Miembro de la Unión Europea.

El Gobierno aprobó su Ley del Sector eléctrico 24/2013, en cuyo artículo 45 se reconocen los beneficios económicos sobre la factura de la luz, admitiendo en el mismo que será de obligación de servicio público (y no privado) conforme a la Directiva 2009/72/CE, la cual establece lo siguiente:

Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables. A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos clientes en períodos críticos. Los Estados miembros garantizarán la aplicación de los derechos y las obligaciones relacionados con los clientes vulnerables.

A fecha de hoy el Gobierno no ha hecho absolutamente nada en el desarrollo normativo del Bono Social establecido en su propia Ley, ni ha atendido a los requerimientos de la Directiva Europea mencionada anteriormente. Y lo vamos a desarrollar en este artículo.

El 2 de octubre de 2014, se entregó escrito de Queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo, en el cual se daba traslado de las graves consecuencias que estaba padeciendo un colectivo de 2,4 millones de personas, que se veían despojados de sus derechos en relación a la reducción del precio de la Luz, gracias a la no aplicación del Bono Social.

Desde esa fecha la implicación de la Oficina del Defensor del Pueblo, presidida por Soledad Becerril, ha sido constante y fluida, pero sin alcanzar los objetivos. Finalmente el Gobierno ha remitido escrito (en la imagen) mediante el cual se notifica que lo establecido por ellos hace más de 2 años, no pueden ahora desarrollarlo pues el Gobierno se encuentra ‘en funciones’.

No podemos más que recordarle al ‘Gobierno en funciones’ que mientras ha estado gobernando España ‘en funciones’ ha publicado en el BOE un total de 37 Reales Decretos. Después de casi 2 años presionando para que hagan cumplir la propia Ley del Sector eléctrico creada por el actual Gobierno, cuesta comprender que 1 de esos 37 RD no sea el del Bono Social. Dejen de perjudicar a los Pensionistas, no se merecen lo que les están haciendo. Este comportamiento institucional es el germen de la Pobreza Energética. El Gobierno permite que el Estado adopte desidia respecto a los más desfavorecidos. Permítanme un comentario personal; eso es de gente canalla.

Y a efectos económicos supone un ahorro permitido por el ‘Gobierno en Funciones’ en beneficio de las Compañías Eléctricas, que supera los 1.500 millones de euros. Por ahora los Tribunales están dando la razón al Consumidor. Y para disimular esta ausencia de protección universal a los pensionistas, el gobierno publica el Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre, en cuyo artículo 3º incluye entre las definiciones de 'consumidor vulnerable' a los Pensionistas. Un remiendo más que los Agentes Sociales seguimos (y seguiremos) luchando hasta conseguirlo.

 

IMAGEN-CARTA-DEFENSOR-PUEBLO-JULIO-2016

 IMAGEN-CNMC-BONO-SOCIAL-2016

 

Es sencillo; hay 2.151.908 pensionistas sin percibir el Bono Social. Según la CNMC el coste medio para el suministro PVPC es de 60 euros mensuales. Resultado: 129.114.480 euros, multiplicado por 12: 1.540 millones anuales. Resultado: 1.540.000.000 de euros, por 4 años de legislatura: 6.198 millones Resultado: 6.198.000.000 de euros. Aplicamos bonificación 25%: 1.549 millones que el Gobierno le ha ahorrado a las Compañías Eléctricas.  


  


 

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